El Ministerio Público citó al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a declarar como imputado por eventuales delitos en contra de los derechos humanos cometidos por el organismo policial durante el estallido social que se originó el 18 de octubre de 2019, momento en el cual el general era director de Orden y Seguridad.
La causa fue iniciada en 2019 por el fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y en la actualidad está en manos de la fiscal Ximena Chong, jefa de la Unidad de Alta de Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Chong citó para la próxima semana a Yáñez, quien le entregó el patrocinio de su defensa al abogado Jorge Martínez, según informó El Mercurio.
La investigación que lleva a cabo la persecutora se relaciona a una nueva causa iniciada por dos querellas presentadas en 2021 por abogados particulares, que busca establecer una responsabilidad de superior o de “mando” por supuestos “delitos de omisión" en apremios ilegítimos durante el estallido.
La defensa del general presentó un informe encargado a la abogada Alicia Gil Gil, directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED de Madrid, en relación con “la posibilidad de calificar como crímenes contra la humanidad las actuaciones de Carabineros”.
La catedrática española estableció que “a la vista de todo el análisis podemos concluir que Chile vio, durante el estallido, unos problemas de orden público no conocidos en su historia reciente. Ello llevó a la necesidad de incorporar a las tareas de control del orden público a un elevado número de efectivos que no venían ejerciéndolas habitualmente”. Esto, se tradujo en “una incapacidad (más que falta de voluntad) de recuperar el espacio público garantizado a la vez que todos los agentes cumplieran con los protocolos de uso de la fuerza”.
El informe descartó “el elemento existencia de una política (estatal para dañar a la población)” y “se constata que tampoco existen indicaciones suficientes de la existencia de un ataque generalizado sistemático contra una población civil”.
Agregó que “hay que atender el hecho de que no todos los manifestantes fueron atacados (de hecho, la mayoría de los millones de intervinientes en las manifestaciones no sufrieron ningún daño). Además, tampoco se constata un patrón consistente de atacar a los opositores al Gobierno fuera del contexto de las manifestaciones”.
Yáñez ya había declarado el año pasado, en donde negó categóricamente una política de ataque sistemático. “La mejor demostración de ello es que no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros. Muy por el contrario, las más de 81 instrucciones que impartí fueron en el sentido contrario, esto es, cumplir con los protocolos establecidos, desplegar controles de línea, respetar integridad de detenidos y esto aun en situaciones de agresión a carabineros o en que se hayan visto sobrepasados, por mucho que se haya tenido el interés de recuperar el orden público”, argumentó.