Con la nueva Ley de Migraciones, las notificaciones de expulsiones administrativas solo se puede realizar de manera presencial, por lo que este 2022 se han registrado solo 17 salidas del país por este medio.
Por esta razón, el Presidente Gabriel Boric reconoció la necesidad de simplificar este proceso y anunció proyectos para hacer la notificación vía carta certificada.
Sobre este tema, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, respaldó las iniciativas del Mandatario y afirmó que aquello simplificaría estos trámites.
En entrevista con La Tercera, se refirió a la nueva política migratoria que deben presentar en diciembre, expresando que "hay cuestiones que son generales de la política de inmigración y se basan en que tiene que haber un acuerdo transversal, eso es prioritario. Vamos a avanzar con una política donde estemos de acuerdo con los distintos sectores políticos y que también tenga legitimidad en la sociedad".
"La idea es que sea sostenible en el tiempo, viable, realista, que sea con enfoque de derechos y también sensible a las aprensiones y sensibilidades que tiene la ciudadanía", comentó Thayer.
En la misma línea, la autoridad migratoria agregó que la disposición que tiene el Gobierno frente al tema es que "hay una distinción y una disposición específica para las personas que contribuyen al desarrollo, para quienes son víctimas de trata o que están en una situación humanitaria particular, versus aquellos que no. Lo que está establecido en el marco normativo es que los mecanismos de regularización se pueden establecer una vez que estén fijados los objetivos de la política nacional de migración. Entonces, estamos en el proceso de esa definición".
Sobre los límites que podría tener esta regularización respecto al colapso que habría en algunas regiones, en salud y educación, por ejemplo, el director comentó que "es un problema real", y que las aprensiones de la ciudadanía "son válidas, legítimas y tenemos que escucharlas. Ahora, frente a eso, me parece que la propuesta que se ha hecho en términos de poner como en segundo lugar el acceso de los niños migrantes a los colegios o a salud no resuelve el problema de fondo".
Por último, Thayer explicitó que "ha existido una política de Estado y nosotros tenemos toda la disposición y voluntad de cumplir el mandato legal, por eso hemos iniciado más de 1.300 procesos de expulsión y tenemos una mesa de trabajo con la PDI para materializarlos".