La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por la Comunidad Judía en Chile contra Roger Waters para intentar censurar sus acciones o palabras durante los dos conciertos que ofrecerá este fin de semana en la capital.
Según el tribunal de alzada el recurso presentado por la abogada Ariela Agosin, en representación del Comité Representativo de Entidades Judías en Chile (CJCh), no es admisible porque "en la presentación efectuada en estos autos no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República".
La acción legal apuntaba igualmente a la supuesta responsabilidad de la productora DG Medios, que organiza un evento con todas las entradas agotadas que reunirá a miles de personas.
En su escrito, la Comunidad Judía en Chile argumentaba que el líder de Pink Floyd tiene "un consabido historial" de declaraciones "judeófobas" que podrían constituir un delito de "incitación al odio" e incluye enlaces a reportajes, informaciones y fotografías de conciertos pasados y de denuncias en otros países.
"Tras los antecedentes de incitación al odio antisemita del señor Waters, que le han valido sanciones en diversos países del mundo, la CJCh busca que se le prohíba en su concierto utilizar elementos o emitir comentarios que inciten al odio y al antisemitismo", señalaba.
En una carta remitida a EFE, los 66 firmantes argumentan que "la citada acción, más allá de su fundamentación retórica, busca censurar de forma previa la crítica al asesinato de niños, los bombardeos a campos de refugiados, hospitales, asesinato de funcionarios ONU, entre otros crímenes cometidos por el gobierno que lidera el ultraderechista Benjamin Netanyahu", y es similar a la represión de las libertades que coartó Pinochet.
"Dicha actuación ha recibido críticas de multiplicidad de gobiernos, organizaciones internacionales diversas e imparciales, artistas, políticos e intelectuales del mundo entero, tanto por su indiscriminado y desproporcionado despliegue de fuerza, como por los costos que está significando en población civil inocente. Se trata, por lo tanto, de una acción tendiente a silenciar críticas fundadas y amparadas en el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, con objetivos que no son de protección sino de manipulación, intimidación y propaganda" agregaron.
"Es por esto que condenamos de la manera más enérgica y frontal este intento por imponer la censura en Chile. Más aún cuando se vale de recursos que están creados para la protección de las personas, precisamente para cautelar el respeto de los derechos cuya vulneración está siendo denunciada por los artistas hoy perseguidos", concluían.
Recordar que en Chile vive la mayor comunidad de palestinos emigrados voluntarios y expulsados forzosos que existe en el mundo fuera de los estados árabes.