El ministro de Justicia, Luis Cordero, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, respaldaron este martes las acciones que ha tomado Gendarmería para revertir la decisión de un juez que autorizó las visitas de familiares indocumentados a reos.
Concretamente, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó a la institución conceder permisos para que varios imputados, entre ellos, los acusados del crimen del suboficial Daniel Palma e integrantes del Tren de Aragua, puedan recibir visitas de personas que no tienen su situación migratoria regularizada.
Esto, luego de que los familiares de los reos realizaran una manifestación en las afueras del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) de la capital, debido a la negación de ver poder ver a los internos.
"No es posible recibir visitas de personas que no tengan su situación migratoria regularizadas y particularmente respecto de aquellas personas que están asociadas a investigaciones criminales, eso nos preocupa", sostuvo el ministro Cordero ante la autorización del tribunal.
En esa línea, el secretario de Estado respaldó la decisión de Gendarmería de apelar al fallo y así intentar revertir que los imputados puedan recibir visitas de personas indocumentadas.
"Nosotros somos partidarios de la doctrina de Gendarmería, (...) y hemos prestado toda la colaboración para que Gendarmería insista judicialmente en la improcedencia de eso", cerró.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que el Ministerio Público se hará parte del proceso para "hacer presente nuestro parecer".
"En principio, nosotros no estamos involucrados. Sin perjuicio de aquello, como terceros interesados, vamos a intervenir en el procedimiento para hacer presente nuestro parecer. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras cárceles para que en su interior no se delinca", acotó.