La Contraloría General de la República negó la solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para reconsiderar el sumario administrativo tras las irregularidades detectadas en la entrega de pensiones de gracia.
En concreto, el INDH buscaba revertir los cuestionamientos en 10 casos de víctimas del estallido social del año 2019 que recibieron pensiones de gracia.
No obstante, a través de un oficio -al que tuvo acceso Canal 24 Horas- la Contraloría determinó rechazar la reconsideración de antecedentes solicitada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y mantuvo el sumario iniciado a raíz de las observaciones de diciembre pasado.
En el texto, el ente contralor indicó que "en cuanto a los argumentos expuestos, cabe indicar que estos corresponden a una reiteración de aquellos contenidos en su respuesta al preinforme de observaciones, los cuales fueron debidamente analizados en el informe final, en el que se concluyó que estos no constituían nuevos documentos que permitieran verificar los relatos de las víctimas en los 10 casos respecto de los cuales se mantuvo lo observado".
Además, la Contraloría aseguró que el INDH contaba con “la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que no ocurrió”.
Cabe recordar que en el informe que entregó el ente fiscalizador a la Cámara de Diputadas y Diputados se reveló que 19 expedientes de beneficiarios remitidos por el INDH no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019.