La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a todas las contralorías regionales congelar cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y ONG’s con instituciones estatales tras el escándalo de la Fundación Democracia Viva en Antofagasta tras la firma de convenios por un total de $426 millones.
De acuerdo a lo indicado por el contralor Jorge Bermúdez, "hay un cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos, es decir, recursos públicos que se transfieren a entidades privadas, y nosotros como Contraloría hemos tomado la decisión de suspender aquellas que pasan por nosotros -porque no todas lo hacen- mientras no tengamos mayores antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos".
Asimismo, dijo que "esto no es inédito. Nosotros muchas veces tomamos decisiones en el sentido de tomar un poco más de tiempo, porque acá hay un plazo legal que se puede extender, y eso es lo que hicimos acá; paralizar la tramitación, recabar más antecedentes que puedan existir y luego si corresponde hay que tomar razón".
"Esta es una decisión que se toma a nivel nacional, que se tomó la semana pasada, la comunicamos la semana pasada. Esto es respecto a aquellos actos que se tramitan por la Contraloría, aquello que no se tramita, no podemos ordenar esa suspensión", agregó.
Bermúdez también indicó que "el Estado transfiere todos los años miles de millones de pesos a corporaciones y fundaciones privadas. Esto no es algo puntual que tenga que ver con este caso, esta es una situación bastante más amplia que supone que hay una manera de actuación que evidentemente hay que tal vez regular de una mejor manera".
En cuanto a los plazos que puede durar la suspensión de la entrega de recursos públicos a organismos privados, Bermúdez indicó que no se tiene un tiempo estimado de lo que podría durar, ya que "no sabemos con lo que nos vamos a encontrar".
En esa misma línea, sobre la división de los montos a entregar a las fundaciones para que aparentemente no lograran ser revisados por Contraloría, el contralor indicó que "hacer un fraccionamiento de las transferencias para evitar el control de legalidad podría ser algo que ocurrió acá, pero eso es presumir alguna intencionalidad. Nosotros primero tenemos que averiguar bien qué fue lo que ocurrió en este caso y por qué estos montos quedaron debajo del umbral de Contraloría".
Sobre este mismo punto, Bermúdez apuntó a que el ente contralor no cuenta la capacidad para controlar todas las transferencias que realiza el Estado, por lo que bajar el umbral de los montos a revisar supondría una mayor cantidad de transferencias.
"Hay que tener en cuenta que cuando pasa algo por la Contraloría, lo que se hace es contrastar un acto administrativo, en este caso un convenio, con el ordenamiento jurídico. Si en ese contraste no hay ningún problema, la Contraloría va a decir que no hay ningún problema, y, por lo tanto, no necesariamente, en virtud de ese control se va a descubrir un hecho que puede ser eventualmente de corrupción. No hay que generar una expectativa que después no se va a cumplir", explicó.
NUEVAS ARISTAS DEL CASO FUNDACIONES
Cabe recordar que a Democracia Viva se sumó Urbanismo Social en el Maule, que también comenzó a ser investigada de oficio por la fiscalía de esa región.
Consignar que, según el citado medio, también esta última fundación habría recibido cerca de $577 millones distribuidas en ocho donaciones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta entre octubre y diciembre de 2022.
ACOGEN QUERELLA DE LA UDI POR CASO FUNDACIONES
Además, el juez Ponciano Sallés, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acogió a trámite la querella presentada por diputados de la UDI en torno al caso que involucra al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y diversas fundaciones.
No obstante, el magistrado indicó que la causa debía seguir siendo tramitada en Antofagasta, por considerar que el principio de ejecución del delito está radicado en esa ciudad.