En respuesta al incremento de la violencia en la Región Metropolitana y con el objetivo de abordar de manera más efectiva los problemas de seguridad pública, la Contraloría General de la República ha decidido priorizar la revisión y aprobación de actos administrativos relacionados con esta área.
La Contraloría ha implementado una medida que acelera la toma de razón de estos actos administrativos, que tradicionalmente requiere un plazo legal de 15 días hábiles. Ahora, este proceso se realizará con mayor urgencia, reduciendo el tiempo para evaluar la juridicidad de los actos a cinco días hábiles desde su recepción.
Esta decisión busca asegurar que los actos administrativos vinculados con la seguridad pública reciban una atención rápida y eficiente. El instructivo interno indica que los equipos encargados de revisar la legalidad de estos actos deben dedicarse a ellos con especial prioridad. En caso de encontrar objeciones, el servicio emisor deberá ser contactado dentro del mismo plazo de cinco días para resolver cualquier problema de manera expedita.
Además, se ha instruido a todas las dependencias de la Contraloría, a nivel nacional, para que cumplan con esta nueva directriz, abarcando todas las áreas relacionadas con la gestión de los actos administrativos, desde su ingreso hasta su notificación.
Sin embargo, el instructivo aclara que esta aceleración no se aplicará a proyectos de gran magnitud ni a otros actos administrativos que requieran más tiempo para su adecuado control, lo que será evaluado caso por caso por la jefatura correspondiente.
La Contraloría reafirma su compromiso con la ciudadanía, destacando su responsabilidad constitucional de llevar a cabo sus funciones de manera proactiva y oportuna para contribuir a la seguridad y bienestar público.