La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, entregó detalles del Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura.
Según dijo la autoridad, "miles de chilenos o chilenas tienen algún familiar que aún está desaparecido, y que no solo no han logrado poder hacer un entierro —una despedida, como toda persona merece o aspira—, sino que también en muchos casos tampoco conocen toda la verdad, no saben en qué circunstancia ellos fueron detenidos y desaparecidos o ejecutados".
En ese sentido, Ríos explicó que el proceso va a convocar a los familiares de las víctimas en cada región del país de manera participativa, señalando que hay que "poner en común" la información recabada por las agrupaciones de Derechos Humanos durante los últimos 40 años, y también de procesos judiciales en curso o cerrados.
Al ser consultada sobre la efectividad del plan si quienes perpetraron estos delitos de lesa humanidad no desean confesar, la ministra respondió que "hay muchas acciones pendientes que el Estado no necesariamente ha realizado de manera sistemática y organizada. Acá hay muchas instituciones que pueden colaborar, más allá que los propios perpetradores no participen".
"Tenemos deudas desde el Servicio Médico Legal, desde las instituciones donde hay terrenos fiscales, o el propio Poder Judicial", explicó la autoridad.
En esa misma línea, aseveró que "hay una gran cantidad de restos o de osamentas que se han ido encontrando en las últimas décadas, que requieren terminar de ser identificadas adecuadamente, y eso es un trabajo que desde el Ministerio estamos impulsando".