Son cerca de setenta y siete personas entre niños, jóvenes y ancianos que viven hace unos 60 años en terrenos particulares. En un comienzo llegaron a trabajar las tierras, pero luego que la actividad agrícola cesó no tuvieron más opción que dedicarse a las labores del mar.
Desde el año 1995 que pesa una orden de desalojo, situación que llevó a adquirir unos terrenos en una caleta aledaña llamada Chome. Allí se les construirían sus casas pero de eso aún no se sabe nada, así han pasado casi dos décadas y no cuentan con los servicios básicos como luz, agua o alcantarillado.
Es un problema social que esperan ver solucionado antes de que sigan naciendo nuevas generaciones. Desde el municipio dicen que la responsabilidad es del Estado, y desde el Serviu acusan que la administración municipal no les ha hecho entrega de antecedentes e información relevante para trabajar en los proyectos habitacionales.
