La diputada del Partido Por la Democracia (PPD), Cristina Girardi, en alianza con la ONG Infancia Chile y el Movimiento Antivacunas, salió en defensa de un grupo de padres que se enfrentan a una multa económica por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) tras rehusarse a inocular a sus hijos contra el virus del papiloma humano (VPH).
Este jueves, Girardi se alió a los padres antivacunas que, en septiembre de 2016, habían presentado un recurso de protección para que la vacuna no sea obligatoria en los menores de edad. Ante ello, el CDE estimó obligarlos a pagar $500 mil por las costas del proceso judicial.
El rechazo a la vacunación se justificó, según el grupo aludido, ya que existen supuestos efectos adversos del Gardasil, un componente de la inyección.
Al respecto, Girardi afirmó a El Dínamo que "esto es sumamente grave porque estos medicamentos tienen efectos adversos para la salud de los niños y el Estado no tiene la capacidad de hacer un seguimiento a cada uno para determinar su correcto uso".
En esa línea, la parlamentaria pretende levantar un proyecto de ley que busca inhabilitar el uso de medicamentos obligatorios como condicionante de la matrícula de los estudiantes en los establecimientos educacionales.
"Hay cientos de denuncias por casos de profesores que han dado el remedio a estudiantes sin consentimiento de sus padres o que se les ha dado a menores de seis años, lo que está contraindicado, así como administrarlo sin probar terapias sicológicas primero", agregó al medio citado.