Finalmente y tras un largo tiempo de debate político respecto a la normativa elaborada por el actual ministerio de Salud sobre la objeción de conciencia en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo bajo tres causales, el Gobierno optó por reincorporar la restricción impuesta por la administración anterior de Michelle Bachelet hacia instituciones privadas de salud para que no reciban recursos estatales en caso de aplicar la objeción de conciencia institucional.
Así lo dio a conocer La Tercera, donde aseguran que la Contraloría ya tiene en su poder un borrador del reglamento enviado por La Moneda donde se señala que "los establecimientos privados de salud, que hayan suscritos convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, podrán ser objetoras de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología".
Cabe recordar que este reglamento fue derogado por el actual Gobierno, tan sólo 12 días después de asumir sus funciones el 11 de marzo pasado. Tras ello se gestó un fuerte enfrentamiento entre fuerzas políticas que derivó en la interpelación al jefe de la cartera de Salud en mayo.
El nuevo reglamento establece que serán las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud las encargadas de recibir y autorizar las solicitudes de las instituciones que quieran acogerse a la objeción. Además, se considera que las instituciones objetoras deberán garantizar de todos modos la prestación derivando a la paciente, igual que las no objetoras que no cuenten con personal para realizar la prestaciones.