Su nombre oficial es la Casa Grande del Pueblo pero muchos en Bolivia lo llaman el Palacio de Evo.
La nueva sede presidencial de Bolivia costó US$34 millones -algunos medios locales afirman que bastante más- y es un moderno rascacielos vidriado de 29 pisos que se impone sobre los edificios coloniales de poca altura característicos del casco histórico de la ciudad.
El edificio, que fue inaugurado por el presidente Evo Morales el pasado 9 de agosto, fue construido en la plaza Murillo de La Paz, detrás de la vieja sede de gobierno, utilizada desde el siglo XIX y apodada el Palacio Quemado desde que fue incendiado en 1875.
Al lado, está la Catedral Metropolitana y a pocos metros el Palacio Legislativo.
En sus 120 metros de altura, la Casa Grande del Pueblo alberga las oficinas de la presidencia, la vicepresidencia y cinco ministerios del Poder Ejecutivo.
También es la residencia oficial del jefe de Estado y de ahí surgió uno de los varios puntos de controversia en torno a su creación.
El diario local Página Siete reveló en un informe que el nuevo alojamiento de Morales consiste en una suite de lujo de más de 1.000 metros cuadrados que incluye un gimnasio, una sala para masajes, un jacuzzi y un sauna.
El medio informó que el vestidor del presidente tiene 47 metros cuadrados y su habitación 61.
"Como comparación, las viviendas sociales que entrega el gobierno suelen tener 61 metros cuadrados, para acoger a una familia completa. La suite de Morales equivale a la extensión de 17 casas populares", resaltó el diario en su artículo.
"Una necesidad para el pueblo"
La ministra de Comunicación, Gisela López, fue la encargada de responder a las críticas sobre el proyecto.
"Por eso, este nuevo edificio, una necesidad para el Ejecutivo, una necesidad para el pueblo, se llama la Casa del Pueblo, porque nuestro gobierno gobierna con el pueblo", dijo López, quien se rehusó a negar o confirmar las revelaciones que dio Página Siete.
López también aseguró que el edificio "no es de lujo" y aclaró que el Estado pagó un promedio de US$1.000 por metro cuadrado, cuando "las edificaciones oscilan entre US$1.500 a US$1.200 el metro cuadrado".
El propio Morales rechazó las acusaciones sobre el alto costo del nuevo edificio, afirmando que de hecho le ahorrará dinero al Estado, porque alojará a cinco ministerios que en la actualidad alquilan instalaciones por valor de unos US$20 millones por año.
Pero las críticas van más allá de quienes consideran que la Casa Grande del Pueblo es un "proyecto de vanidad" del primer presidente indígena del país, quien hace días se convirtió en el mandatario que más tiempo ha gobernado Bolivia.
Prohibido
Más allá de los lujos y de los debates sobre el costo real del proyecto, también hay muchos que cuestionan el impacto urbanístico del nuevo edificio.
La obra se realizó a pesar de una norma municipal que prohíbe expresamente la construcción de edificios elevados en el centro histórico de La Paz.
Morales pudo pasar por alto ese impedimento con el apoyo del parlamento, que es controlado por su partido.
La Casa Grande del Pueblo es tan alta que es visible desde casi todos los puntos de la ciudad. Y muchos consideran que el moderno edificio, con frente espejado y helipuerto en la azotea, rompe la estética del casco viejo paceño, lleno de casonas de estilo colonial.
El contraste es aún más fuerte de noche: cuando cae el sol se desplieguen unas luces led que adornan la fachada del edificio.
Pero durante un discurso para inaugurar la nueva sede, el presidente afirmó que el objetivo es justamente romper con el pasado, y sus raíces europeas.
"Hoy día dejamos el palacio colonial para venirnos a la Casa Grande del Estado Plurinacional de Bolivia gracias a la lucha y a la unidad del pueblo boliviano", afirmó Morales.
Vestigio colonial
El Palacio Quemado -que será transformado en un museo- está en el lugar donde los españoles instalaron el primer Cabildo. Según el mandatario, es un vestigio del colonialismo y un símbolo de los gobiernos neoliberales que despojaron al Estado de su riqueza, su patrimonio y su memoria.
El nuevo edificio recoge elementos indígenas: su diseño se inspiró en los centros ceremoniales de las ruinas de Tiahuanaco y los diferentes espacios llevan nombres de líderes indígenas y regiones ancestrales del país.
Para Morales y sus simpatizantes, el edificio representa a la nueva Bolivia, uno de los países que más ha crecido económicamente en América Latina en la última década.
En cambio, los críticos del gobernante consideran que es un proyecto fastuoso que busca "glorificar" e "inmortalizar" al presidente indígena, quien ya ha dicho que buscará un cuarto período presidencial en 2019.
Uno de sus históricos rivales, el empresario Samuel Doria Medina, consideró "un derroche" la nueva sede presidencial y propuso usar el edificio para tratar a enfermos de cáncer.
"Deje de lado esos lujos de rey, que ese nuevo palacio sea hospital", fustigó a través de las redes sociales.
Más allá del debate sobre si era o no un gasto necesario y de los aplausos de algunos y los abucheos de otros por la ruptura arquitectónica que significa, lo cierto es que este edificio representa un nuevo tiempo político en Bolivia.