El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó la querella de la ONG Comunidad y Justicia en contra del juez Luis Fernández, quien autorizó el cambio de nombre y sexo de un menor transgénero de cinco años.
En su fallo del 22 de agosto del 2016, Fernández accedió a la solicitud de los padres argumentando que el menor "nació con una anatomía masculina, pero su cerebro se identifica con una niña".
Además consignó que niñas y niños trans "sufren a través de su vida, tanto íntima como social, un sinnúmero de conflictos y discriminaciones que le impiden desarrollarse y llevar una vida normal, siendo vulnerados sus derechos a la educación, al trabajo, a la salud y a la participación en la vida ciudadana, siendo por ello absolutamente necesario abordarlo y generar las condiciones para salvaguardar la integridad física, emocional y social de quienes viven esta situación".
El parecer fue compartido por la fiscal Ximena Chong, quien solicitó el sobreseimiento de la causa en tanto el juez Fernández falló en virtud de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña.
OPINIONES ENCONTRADAS
El fallo fue celebrado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que asumió la defensa del juez Luis Fernández.
"Hoy se hizo justicia para una niña y su familia,, para un juez intachable y para la infancia trans. Estamos en presencia del fallo más significativo y robusto para los niños y niñas trans, el cual por cierto marcará la pauta del trámite de la Ley de Identidad de Género en la Cámara de Diputados", señaló el dirigente del movimiento, Rolando Jiménez.
"El Senado despachó un proyecto de ley de identidad de género que impide el cambio de nombre y sexo legal a niños y niñas trans. El juez Fernández dijo lo contrario al fallar a favor de una niña trans y ahora tribunales han refrendado esa medida, desechando una querella que buscaba declarar ilegal la rectificación de partida de nacimiento. Los diputados y diputadas no podrán hacer oídos sordos a estos fallos", agregó.
Por su parte, el abogado y director de Comunidad y Justicia, Tomás Henríquez, acusó además que la fiscalía, los tribunales y el Movilh estaban coordinados para violentar el interés superior del niño, apreciación que fue calificada de delirante por Jiménez.
"Por algo hoy día tenemos una discusión vigente en el Congreso Nacional respecto de esta situación. El legislador democrático en nuestro país, teniendo todos los antecedentes a la vista respecto no solamente de este caso, sino también en términos generales acerca de la llamada disforia de género y la forma en que se debiera abordar esto por parte del Estado, está explícitamente excluyendo a los menores de edad respecto de la aplicación de la potencial Ley de Identidad de Género, en la medida en que ella llegue a salir", sostuvo.