No alcanzó a estar dos días fuera del Congreso luego de meses de discusiones y polémicas cuando el Tribunal Constitucional frenó la promulgación de la controvertida Ley Larga de Pesca.

La iniciativa que buscaba regular la extracción de recursos naturales marítimos en todas las costas de nuestro país, había sido despachada desde el Senado luego de meses de discusión. Sin embargo, la aprobación del documento final modificado por la Comisión Mixta tenía un final predestinado.

Es así como la instancia recogió la reclamación y ordenó 10 días de plazo para revisar el caso presentado por los congresistas. Por lo tanto, durante estos días su trámite quedará congelado mientras se analizan los argumentos presentados.

Uno de los senadores que presentó la impugnación, advirtió que de no tener un resultado favorable en el Tribunal Constitucional, se acudirá a instancias internacionales.

El mismo día de su aprobación un grupo de senadores y diputados de la oposición anunció la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional. Estos serían el mismo Presidente del Senado, Camilo Escalona, el vicepresidente, Alejandro Navarro, además de Ximena Rincón, Jaime Quintana, José Antonio Gómez, Isabel Allende y Guido Girardi.

Las razones se basarían en la violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual habla sobre la no promulgación de legislaciones que discriminen arbitrariamente, en cualquiera de sus formas, a los pueblos originarios y sus derechos históricos.

El senador Eugenio Tuma (PPD) expresó que "se habla de la cuota de pesca para los industriales de un 92 por ciento, para los pescadores artesanales de un 8 por ciento y del total de eso se va a garantizar un uno por ciento para las pymes un dos por ciento para investigación, lo que nos parece bien, pero para los indígenas esta ley constituye un abuso. Una discriminación arbitraria porque sus derechos históricos no les son reconocidos".

Por otro lado, según Escalona (PS) “la Ley de Pesca implica consolidar un privilegio odioso en nuestra sociedad" ya que ésta nueva normativa violaría también el principio de libertad económica que establece la Constitución.