Más de 200 personas participaron del encuentro nacional de académicos, funcionarios y estudiantes universitarios, realizado este jueves 3 de agosto con el objetivo de discutir la reforma planteada por el Gobierno de Michelle Bachelet.
El proyecto, que ya ingresó al Congreso, ha puesto en alerta a todas las comunidades universitarias del país, ya que atenta contra la autonomía y democracia de las universidades, las condiciones laborales de sus trabajadores y no busca un real fortalecimiento a las universidades públicas.
Uno de los principales cuestionamientos es que este proyecto debilita aún más la estabilidad laboral de sus trabajadores, ya que se modifican las proporciones del 80/20 que establece el estatuto administrativo, permitiendo que “el 100% del personal puede quedar como contrata u honorarios (…) lo que nosotros vemos con este proyecto de ley es que se intenta mercantilizar las relaciones laborales”, señaló Betsy Saavedra, vocera de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales de Chile, Fenaptuech.
El resguardo a la democracia universitaria también es una preocupación, ya que la propuesta establece un órgano superior sin participación triestamental, conformado en su mayoría por representantes designados por el gobierno de turno, que incluso permite que los puestos puedan ser ocupados por personas externas a las instituciones. Además, propone un Consejo Universitario no resolutivo y mantiene la falta de democracia en la elección de los rectores.
De acuerdo a Carlos Gómez, presidente de la Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales de Chile, Fauech, “el Gobierno universitario que nos propone este proyecto es mas excluyente que el que nos dejó Pinochet”. Mientras que Mónica Álvarez, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Universidades del Estado (Antue) enfatiza que los funcionarios defienden la “hipótesis de que los trabajadores, académicos, funcionarios y estudiantes de la ues tienen el pleno derecho a elegir a sus autoridades, a sus rectores (…) podemos hablar de los porcentajes de participación en estas elecciones, pero no nos pueden negar un derecho que es nuestro”.
Para los dirigentes se hace urgente que el Gobierno escuche sus demandas y tome en cuenta la posición de las comunidades universitarias, porque hasta ahora los representantes denuncian que “la Ministra de Educación debería empezar por ser consistente en lo que nos dice a puertas cerradas y lo que luego dice a la prensa”, agrega Gómez.
Por su parte Miriam Barahona, vocera Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, hace “un llamado al Gobierno y a la Presidenta de la República para que escuche a la comunidad. Nosotros vamos a ir al debate de esta ley pero si el Gobierno insiste con esto, nos vamos a movilizar”.
Mientras que desde los estudiantes se recalca que “hay un propósito muy claro, que debe conocer la Ministra pero también los rectores de la ues estatales, y es que sin las comunidades no se va a poder aprobar o rechazar ningún proyecto (…) queremos un diálogo de verdad y no de mentira como ha sido hasta ahora”, afirma Daniel Andrade, vocero Confech y presidente FECh.
Según el balance de los organizadores, el encuentro nacional contó con una gran convocatoria, donde asistieron integrantes de las universidades: Arturo Prat, Atacama, Valparaíso, Playa Ancha, U. Chile, Usach, del Desarrollo, Diego Portales, Mayor, UMCE, Técnica Metropolitana, Talca, La Frontera, Bío Bío, Lagos y Magallanes.