En nuestro país, casi dos mil personas mantienen sus teléfonos interceptados por la policía, debido a posibles vínculos con delitos de alta connotación. La situación autoriza a los fiscales para "pinchar" las líneas en busca de información relevante para las investigaciones.
Ni siquiera el Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, pudo salvarse de esta acción, debido a que la Fiscalía por varias semanas interceptó su teléfono, en una investigación por un eventual tráfico de migrantes y cohecho.
Pedro Orthusteguy, abogado penalista, señaló que se permiten las interceptaciones telefónicas sólo en aquellos casos que la ley establece una pena de crimen al delito, que equivale a cinco años de presidio.
Las investigaciones por homicidio, drogas, pedofilia, violaciones y tráfico de personas, son algunos delitos que clasifican para solicitar escuchas telefónicas.
Si bien el fiscal pide estas interceptaciones, es un juez de garantía quien da luz verde para concretar dicha acción. Además, si en las escuchas telefónicas surgen otros delitos, se abre un nuevo caso con otro fiscal.
Finalmente, las escuchas pueden autorizarse por días o semanas, con un periodo máximo de dos meses. Asimismo, no es obligación que el ciudadano investigado sepa que la policía interceptó y sacó conclusiones sobre su vida.