El Fisco habría estado financiando al menos durante los últimos diez años a siete mil funcionarios funcionarios de Carabineros, los que han sido denominados "Carabineros fantasmas".

Según consigna un reportaje de El Mostrador, el general director de Carabineros (s), Marcos Tello, expresó en la cuarta subcomisión mixta del Presupuesto en el Congreso que, los involucrados en el fraude "metieron mano en las cuentas de gasto en personal (…) no es una información que esté confirmada porque es parte del proceso investigativo (pero) de lo que nosotros pudimos establecer, es fundamentalmente de aquellas plazas que fueron asignadas a la institución y que por diversas razones no se ocuparon".

Estas plazas sin ocupar son denominadas "Carabineros fantasmas" y englobaron una cantidad de dinero muy alta que al cabo de 11 años significó una fuente importante de ingresos para los ejecutores del ilícito.

Además, los sindicados en el fraude sacaron dinero desde las cuentas destinadas a pagar desahucios.

El 15 de mayo, durante la segunda sesión de la comisión de la Cámara, Marcos Tello cifró la dotación de efectivos de Carabineros, entre civiles y operativos, en 58.228 personas. Empero, el Presupuesto 2017 envió dinero considerando a un total de 65.085 funcionarios.

Es determinante destacar que la dotación de Carabineros no era conocida ya que  el artículo 436 del Código de Justicia Militar establece que la cantidad exacta de personas que forman parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros tiene carácter de secreto, lo que benefició el delito.

En su comparecencia, el general Carlos Carrasco, subdirector de Carabineros entre diciembre de 2013 y agosto de 2015, entregó detalles de un acontecimiento que ayudó tanto a los parlamentarios como al Ministerio Público en la misión de encontrar una de las fuentes sustanciales del fraude.

“Existía un superávit bastante importante en materia de remuneraciones, condición que favoreció a los delincuentes. En Remuneraciones nunca faltó dinero", concluyó Carrasco.

Finalmente y según los cálculos efectuados por los entes que investigan el fraude, mientras duró la mafia (más de una década) se sustrajo un promedio de 3.000 millones de pesos al año.