El fiscal nacional, Jorge Abbott, entregó este miércoles la cuenta pública nacional del Ministerio Público, correspondiente a la octava que se realiza desde su creación.
La ceremonia, que se desarrolló en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, contó con la participación de la Presidenta Michelle Bachelet y se extendió por casi una hora.
Abott destacó los logros de la gestión de la Fiscalía, pero también lanzó críticas a la forma en que se han desencadenado situaciones vinculadas al dinero y la política, y acusó de instrumentalización del sistema judicial en pleno periodo de campaña electoral, así como también algunas dificultades de perseguir delitos de cohecho y financiamiento irregular de la política.
"Cuando hay áreas vetadas al Ministerio Público en materia de persecución de delitos tributarios, colusión o delitos electorales, creemos que se está transgrediendo el principio de igualdad ante la ley que la propia Constitución consagra".
DINERO Y POLÍTICA
"El Ministerio Público sin buscarlo, ha protagonizado un proceso en escalada de judicialización de la política, agudizado por las próximas elecciones. Escenario fértil para quienes pretenden intervenir el proceso electoral, usando el proceso penal", destacó.
En ese sentido, manifestó que "esto nos ha llevado a opinar sobre temas complejos como lo es la relación entre el dinero y la política, en un marco en el que se ha llegado a calificar tales conductas como simples 'malas prácticas' buscando así disfrazar su impacto y gravedad", indicó.
Agregó que "en momentos que la política sufre su peor desgaste, resulta desconcertante que el sistema judicial venga a resolver el problema de confianza en la política. El deber de recomponer la legitimidad corresponde a los partidos políticos y sus representantes".
Abbott hizo una suerte de llamado a que no se utilicen las querellas ante el Ministerio Público con fines electorales.
"La batalla electoral, permítanme decirlo, muchas veces nos está empujando a tramitar querellas débilmente fundamentadas o que tienen un objetivo oblicuo (...) En tal sentido, el Ministerio público no rehuirá a su rol, pero su esfuerzo se desgata cuando es objeto de denuncias que buscan instrumentalizar el sistema judicial".
FINANCIAMINETO IRREGULAR
La máxima autoridad del Ministerio Público fue enfático en solicitar una "señal contundente" sobre la intención de terminar con las prácticas vinculadas al financiamiento irregular a la política.
"Hemos insistido en que es debatible que ante un caso de financiaminto ilegal de la política, el objetivo sea únicamente recuperar tributos. Cuando la defraudación la cometen sectores de alto patrimonio, siempre podrán pagar la multa, pero no puede ser ese el fin último del Estado", puntualizó.
Además, manifestó que "decididamente, creemos que se debe ir más allá, el objetivo debiera ser una señal contundente de que queremos terminar con estas conductas. Por eso, es esencial que el Ministerio Público pueda perseguir penalmente tales delitos, porque la señal que el país espera es que no sean tolerados ese tipo de actos".
SII Y COLUSIÓN
El fiscal solicitó a la Presidenta Bachelet mayores atribuciones para perseguir todo tipo de delitos, pero también pidió colaboración a todas las instituciones.
Esto, luego que abriera la polémica por la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) en no querellarse contra grandes empresas por financiamiento irregular de la política, y optar por sanciones pecuniarias.
"La persecución decidida de la criminalidad es una tarea que la Constitución y las leyes encomiendan al Ministerio Público, pero para eso se requiere que todas las demás voluntades coincidan en un punto donde el trabajo legislativo, administrativo y jurisdiccional concurran no sólo al castigo".
En esa línea, Abbott pidió expresamente a la Presidenta Bachelet "la acción unitaria del Estado para disuadir la fe publica de los negocios y el no renunciar a la acción persecutoria. y para eso se requiere que todas las voluntades coincidan en un punto, quien quiera sea el delincuente".
Foto: Agencia Uno