La Policía de Investigaciones descubrió —al menos hasta ahora— que 10 funcionarios de la Región Metropolitana utilizaron licencia médica para viajar al extranjero.
Dicha información consta en un oficio enviado desde la Inspectoría General a la Región Policial de Santiago, firmado por el titular, prefecto general Erwin Clerc, el viernes 30 de mayo recién pasado.
De acuerdo al documento revisado por este medio, se trata de funcionarios activos con distintos grados que van desde asistente técnico, inspectores, comisarios hasta a un subprefecto que fungió como agregado policial de Chile en Argentina.
“(Se) constató que funcionarios activos de la institución registran viajes al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas y otros que ingresaron al territorio nacional en fechas que coinciden con el inicio de dicho reposo”, detalla el documento.
En concreto, los policías civiles pertenecen a las unidades ubicadas en las comunas de Peñalolén, Maipú, Puente Alto, Independencia, La Florida y Talagante que -según el oficio- habrían violado el “principio de probidad administrativa”.
Medidas inmediatas
Si bien es cierto que suman en total 24 días, esta es la primera vez que se conoce que al interior de la PDI existen hechos similares a los descubiertos por la Contraloría en el aparato estatal de todo Chile, que suman más de 25 mil personas.
Entre ellos, la institución con mayor número de uso de licencias es la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) con 2.890 casos; es decir, casi el 10% del universo fiscalizado.
En este sentido, Clerc fue perentorio: “Se instruye adoptar inmediatamente las medidas que correspondan debiendo remitir lo resuelto a este inspectoría general en un plazo de 5 días contado desde la percepción del presente documento”. Es decir, durante esta misma semana.
Frenesí sumarial
Aún cuando el documento no lo explicita, en las instituciones estatales se han ordenado cientos de sumarios administrativos, con miras a sancionar las irregularidades administrativas y eventualmente lograr la restitución de los dineros mal percibidos.
En paralelo, la Fiscalía Nacional ordenó iniciar una indagatoria de oficio para establecer delitos de delitos de falsificación y fraude de subvenciones. Este nuevo caso fue derivado a un grupo de perseguidores penales que a su vez tramita una causa por ilícitos similares, formalizada a fines de 2022 en contra de 30 personas, entre ellos médicos extranjeros ligados al fraude de licencias más grande detectado en Chile.
De acuerdo a la carpeta de investigación, los facultativos generaron una pérdida fiscal superior a los $700 mil millones.
Con todo, si bien esta primera alerta de la PDI surgió internamente, tras el primer reporte que sacudió al sector público, la Contraloría ya había anunciado que precisamente iba a realizar el mismo cruce de datos en las Fuerzas Armadas y de Orden.