Pese a tener una condena vigente a junio de 2026, un total de 315 funcionarios públicos continúan trabajando en el Estado.
En conjunto, están asociados a 317 registros de condena, pues 2 funcionarios detectados tienen más de una.
La información consta en un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que detalla que 109 de ellos pertenecen a las Fuerzas Armadas (FFAA) y las de Orden y Seguridad (OO.SS).
Quienes lideran los sancionados penalmente son efectivos de Carabineros, con 84 casos; seguidos por otros 22 del Ejército.
En tanto, seis municipios del país se encuentran incluidos en la revisión de la CGR, los cuales concentran 25 casos. Se trata de Valdivia (6), Hualpén (4), Tierra Amarilla (4), Chillán (4), Puerto Montt (4) y Tocopilla (3).
Investigaciones administrativas
No es todo, porque el organismo fiscalizador determinó que 73 (23%) sanciones penales son por crímenes, mientras 244 (77%) son simples delitos. Los primeros pueden superar los 5 años de condena y se trata de una pena aflictiva, mientras que los segundos oscilan entre 5 años y 61 días, de acuerdo con la legislación vigente.
En este contexto, la entidad de control ordenó a las instituciones realizar investigaciones para establecer eventuales responsabilidades administrativas, atendida la posible omisión de “informar la condena al jefe de servicio (...) para aplicar la inhabilidad sobreviniente”.
Esto último significa que esta aparece cuando el funcionario está en el ejercicio de su cargo.
Regularización de hoja de vida
Con todo, se trata de una medida del fiscalizador que busca resguardar los principios de probidad, idoneidad e imparcialidad cuando se producen conflictos de intereses, o bien sanciones y nuevas incompatibilidades.
Al mismo tiempo, las instituciones aludidas deberán informar a la Contraloría si las sanciones penales aludidas fueron incluidas en la evaluación y ponderación “en los procesos de calificaciones, de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria”.
A raíz de lo anterior, las entidades deberán regularizar la hoja de vida funcionaria en el Sistema de Información y Control de la Administración del Estado (Siaper).