El Juzgado de Garantía de Calama dictó este viernes prisión preventiva para nueve excadetes de Cobreloa imputados por la violación grupal de una joven cometida en septiembre de 2021 en Calama en medio de una fiesta.
Cabe recordar que los deportistas, por una orden de la Fiscalía, fueron detenidos el jueves en una serie de opertativos desplegados en Santiago, Calama y Osorno.
El tribunal determinó un plazo de 120 días para desarrollar la investigación.
AHORA: Juzgado de Garantía de Calama decreta la prisión preventiva de 9 imputados por el delito de violación, por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. pic.twitter.com/5MoMbw7dP7
Durante la audiencia, se expuso que con fecha 16 de septiembre de 2021, la víctima acudió junto a una amiga a una fiesta en un inmueble habilitado como casa habitación para juveniles del club, lugar donde horas más tarde habría sido agredida por los imputados, de iniciales OIRM, CJSA, JMGO, RAHP, NBNV, PERL, LJRA, JFAN y LBPV, todos mayores de edad a la fecha de los hechos.
La Fiscalía de Calama formalizó a todos imputados en calidad de autores del delito de violación propia, estableciendo como posibles circunstancias agravantes del hecho, el haber actuado con alevosía y ser dos o más los autores del delito.
TESTIMONIO ANTE DIPUTADOS
En octubre de 2023, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió el testimonio de la joven que denunció la violación grupal al interior de la denominada “Casa Naranja”, centro formativo del club Cobreloa en Calama, por parte de cadetes del club.
Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2021. Según relató la joven afectada, la agresión sexual se registró en el contexto de una fiesta en la que se consumió alcohol y drogas, oportunidad en la que un grupo de cadetes la violó y abusó sexualmente de ella.
La víctima entregó voluntariamente su testimonio ante el grupo parlamentario, optando porque este incluso fuera público. Lo anterior porque pese a realizar en su momento las denuncias, estas no prosperaron, debido al ocultamiento del tema.
Lamentó la protección otorgada a los involucrados y la falta de gestión de la PDI. Explicó que incluso se le instó a no perseverar debido a que su contraparte “tendría mejores abogados”.
También expuso ante la instancia María Elena Saavedra, madre de un excadete que fue separado de la institución, tras apoyar la denuncia.
Precisó que, posterior a esta, no hubo respuesta del Ministerio del Interior ni de otra autoridad. A ello se agrega que el caso quedó en conocimiento de la dirigencia de la ANFP, organismo que no desarrolló ninguna acción.
Lo propio manifestó el abogado Rodrigo Toledo, quien explicó que no se acogieron las denuncias, no se activaron protocolos ni se entregó atención a la víctima.